La despoblación de las regiones periféricas ciertamente no es un tema nuevo; sin embargo, las formas y modalidades con las que el fenómeno ha adquirido relevancia jurídica han variado profundamente a lo largo del tiempo.
Históricamente, las medidas de lucha más drásticas tuvieron lugar durante el Régimen fascista que, adoptando una clara estrategia de lucha contra las migraciones internas, definió un minucioso sistema de control a cargo de determinados actores institucionales.
De hecho, ya con la Ley n.o 358 de 9 de abril de 1931, se instituyó la figura del Comisariado para las Migraciones, al que fue encomendada la tarea de autorizar los desplazamientos territoriales. Con la Ley n.o 1092 de 6 de julio de 1939, se adoptaron las medidas contra la urbanización, cuya disposición más significativa fue la prohibición del traslado a ciudades con población superior a veinticinco mil habitantes, si no estaba justificado por motivos de trabajo u otros perfectamente acreditados , y la repatriación forzosa con intervención policial al ayuntamiento de origen para los transgresores.
Sin embargo, se ha mantenido constante una cierta interconexión entre este fenómeno y la normativa urbanística; tanto es así que la atención hacia la ola de flujos migratorios del campo a las ciudades, en un cierto sentido, se puede considerar consubstancial a la urbanística moderna como doctrina de estudio autónoma.
En este sentido, parece emblemática ya de principio la formulación del art. 1 de la Ley n.o 1150 de 17 de agosto de 1942, cuando atribuye al entonces Ministerio de Obras Públicas la supervisión de la actividad urbanística también con el fin de garantizar, en la renovación y ampliación arquitectónica de las ciudades, «el respeto de las características tradicionales, favorecer la desurbanización y frenar la tendencia a la urbanización».
