El juicio sobre los conflictos que pueden surgir entre los órganos supremos tiene la finalidad de garantizar el respeto de las competencias delineadas en la Constitución y, por tanto, el equilibrio entre poderes. Ello permite una solución jurisdiccional de las controversias jurídicas que surgen entre sujetos y órganos de relevancia constitucional, con el resultado de sustraerlas de las decisiones de órganos de naturaleza política.
