La confianza a los tribunales constitucionales de la competencia en materia de disputas electorales es interpretada como la prueba de la voluntad para redimensionar el papel del Parlamento y de los partidos. Se trata de una función que tiene una doble incidencia: por una parte, entra en juego el enlace entre la voluntad popular y la representación política mediante la garantía del derecho de votar. Tal atribución se coloca en una tendencia de concebir el momento electoral como piedra angular de la democracia constitucional.
